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Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral en Bolivia

Por invitación del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE) que llegó al país el 7 de octubre. Encabezada por el ex canciller de Costa Rica Manuel A. González Sanz, la Misión estuvo compuesta por 92 expertos y observadores de 24 nacionalidades, desplegados en los 9 departamentos del país y en tres de los países donde se implementó el voto en el exterior: Argentina, Brasil y Estados Unidos.

La MOE/OEA realizó un análisis sustantivo sobre aspectos clave del proceso electoral, tales como: organización y tecnología electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral, participación política de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, medios de comunicación y voto en el exterior. Para recabar información sobre el proceso electoral, la Misión se reunió con autoridades y técnicos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), autoridades de gobierno, partidos políticos, candidatos, académicos, representantes de la sociedad civil y la comunidad diplomática, entre otros.   

Estos encuentros permitieron al equipo de la Misión conocer aspectos técnicos relacionados con los antecedentes y preparativos de las elecciones, así como escuchar las impresiones de los distintos actores respecto al contexto político que rodeaba al proceso.

Etapa Pre electoral

 

Durante las reuniones, se recibieron diversas quejas y opiniones en relación con la participación en la elección del binomio presidencial postulado por el partido MAS-IPSP. Los entrevistados argumentaron que la habilitación de la candidatura del presidente desconocía los límites a la reelección previstos en la constitución1 y la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 20162 , en el que una mayoría del electorado le había negado al mandatario la posibilidad de postularse para un nuevo período.

Por su parte, los representantes del oficialismo con los que se reunió la Misión señalaron que las mencionadas limitaciones constitucionales habían sido inaplicadas por sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)3 y que, por lo tanto, no existía impedimento legal a la participación del presidente en la elección.

Tomamos nota de que el Gobierno de Colombia anunció recientemente que haría una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se pronuncie sobre si la reelección indefinida es o no un derecho humano.

Por otra parte, al igual que en las elecciones de 2014 y 2015, la MOE/OEA recibió quejas reiteradas de distintos partidos políticos sobre la constante difusión de logros del actual gobierno en período de campaña. La ley electoral prohíbe la emisión de propaganda gubernamental en los últimos 30 días de la campaña. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recibidos, el gobierno divulgó en los medios de comunicación inauguraciones de obras y programas bajo la figura de ¨información de gestión¨. Lo anterior generó una fuerte molestia por inequidad en la contienda.

La Misión tomó nota, asimismo, de la falta de confianza en el órgano electoral. De acuerdo con los entrevistados, los recientes cambios en la integración del TSE, junto con algunas decisiones tomadas por el pleno, han resultado en debilitamiento de la institucionalidad electoral. Es preciso recordar que en el año anterior a la elección, renunció la presidenta, el vicepresidente y un vocal del TSE, y que sólo dos fueron reemplazados. A esto se sumó la salida de funcionarios técnicos del tribunal, algunos de ellos con puestos de dirección y con amplia experiencia. 

Jornada Electoral

El día de la elección, los observadores de la OEA recorrieron 991 mesas de votación en 352 centros. La MOE observó la jornada, desde la instalación de las mesas hasta el conteo de votos y la transmisión de resultados. Constató, con satisfacción, la alta participación ciudadana durante todo el día domingo.

La MOE tomó nota que la falta de claridad en la regulación sobre el procedimiento de acreditación, funciones y limitaciones en la participación de los delegados de mesa provocó confusión en los recintos electorales. Respecto al repliegue de materiales, los observadores de la Misión reportaron que la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de almacenamiento del material electoral no contaron en todos los casos con las medidas de seguridad correspondientes.

Etapa post electoral

A las 19:50, en conferencia de prensa, el TSE difundió los primeros datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, más conocido como TREP. De acuerdo con los datos difundidos, con el 83,85% de las actas verificadas, el binomio del MAS-IPSP obtenía el primer lugar con el 45,71% de los votos, contra un 37,84% de Comunidad Ciudadana. La diferencia entre el primero y el segundo era, por lo tanto, de un 7,87%. El TREP estaba funcionando correctamente y cumplía con su objetivo primordial: informar el resultado de las elecciones en el menor tiempo posible.

Los datos preliminares presentados por el TSE coincidían con los resultados del ejercicio estadístico realizado por la Misión y con los dos conteos rápidos que se conocieron: el de la empresa Viaciencia y el de la alianza ¨Tu voto Cuenta¨.

Esa noche los resultados preliminares no fueron actualizados, a pesar de que el sistema tenía capacidad para continuar con el procesamiento de las actas. A las 22:30, luego de más de dos horas sin que se registrara ningún avance, la OEA exhortó públicamente al tribunal a que explicara por qué se había interrumpido el proceso, y pidió que el cómputo se realizara de manera fluida.

Posteriormente, la presidenta del TSE comunicó que había suspendido la transmisión de resultados preliminares para evitar confusiones, debido a que ya se había iniciado el cómputo definitivo. Otra explicación fue que se había alcanzado la meta inicial para el TREP, fijada en un 80% de las actas y que, por lo tanto, podía darse por concluido ese proceso. El día lunes, la Misión se reunió con algunos de los miembros del TSE y, en ese encuentro, le presentaron una causa alternativa, alegando problemas técnicos. En las casi 24 horas que el sistema estuvo suspendido, el TSE no fue capaz de brindar una explicación certera a la ciudadanía.

La interrupción del TREP incrementó las tensiones en la calle. Se iniciaron movilizaciones masivas hacia los tribunales departamentales. Personal del OEP, observadores internacionales y fuerzas de seguridad fueron atacados.

Tras 23 horas, a las 18:30 del lunes 21, se reactivó el TREP. Con un total de 94.7% de actas verificadas, los nuevos datos preliminares otorgaban, a nivel nacional, un 46,42% de los votos al MAS-IPSP y un 37,06%, a Comunidad Ciudadana, lo que implicaba una diferencia de 9,36%.

Al actualizar el sistema para incorporar los votos provenientes del extranjero, el candidato Morales alcanzaba el 46,87%, en tanto que el candidato Mesa quedaba en 36,73%, ampliándose la diferencia a un 10,14%. Tras el cambio en la tendencia, la violencia en las calles escaló. Se registraron graves incidentes en las instalaciones de los tribunales departamentales de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Beni, lo que obligó a suspender los cómputos definitivos en estos departamentos.

En Potosí, Pando y Tarija, la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental (TED) fue incendiada completamente, al igual que las instalaciones del Servicio del Registro Cívico en Potosí y Chuquisaca. Ante este escenario, la Misión debió replegar a gran parte de sus observadores para preservar su seguridad, lo que imposibilitó la presencia de la MOE en los escrutinios una vez que estos se reanudaron.

En este contexto, y tomando en consideración la información recolectada en las reuniones con el gobierno, la oposición y las autoridades electorales, la Misión resolvió emitir un comunicado, resaltando:

 

  • que la campaña se había llevado adelante en condiciones de marcada inequidad.

 

  • que, a pesar de ello, la ciudadanía se había acercado de manera pacífica y masiva a los centros de votación para hacer valer su voluntad política.
  • que los cambios en la tendencia del TREP eran difíciles de explicar y que no coincidían con las otras mediciones de las que se disponía.

Asimismo, se instó a la autoridad electoral a defender la voluntad de la ciudadanía y se hizo un llamado a la paz, a fines de evitar cualquier tipo de violencia.

Al día siguiente y ante el agravamiento de los incidentes en las calles, la Misión emitió un nuevo comunicado condenando rotundamente los actos de violencia y llamando a la ciudadanía a esperar con serenidad la declaración de resultados oficiales.

Al momento de elaboración de este informe, el cómputo oficial no ha finalizado. El procesamiento de actas en Chuquisaca y Potosí se encuentra detenido.

Conclusiones

 

Toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. La Misión pudo constatar que varios de estos principios han sido vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral.

 

Uno de los elementos fundamentales para tener comicios ciertos y creíbles es que exista confianza en la autoridad electoral. Igualmente, es indispensable que los programas, tanto de resultados preliminares como de cómputo definitivo, funcionen con tiempos claros y con la transparencia necesaria para generar credibilidad.

Asimismo, todo resultado electoral debe proveer la posibilidad de ser apelable. La MOE tiene dudas serias sobre si en este proceso existen las garantías para poder recurrir actos y resultados por parte de la autoridad electoral. 

Por otra parte, es particularmente alarmante la renuncia, el martes 22, del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio José Iván Costas Sitic, quien señala como motivo de su separación: “la desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales-TREP” que “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”. 

La renuncia del vocal Costas debilita aún más la institucionalidad electoral. Por un lado, aumenta los niveles de desconfianza. Por otro, podría afectar el funcionamiento del tribunal, que deberá operar con dos posiciones vacantes en su pleno hasta que tengan lugar nuevos nombramientos.

El clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso electoral y la falta de transparencia de su accionar, así como la inequidad en la contienda y lo ajustado del desenlace de los comicios, han generado una alta tensión política y social.

Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población no solo para un sector. En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las 5 problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta.

Respondiendo a una solicitud del Canciller Diego Pary, el Secretario General ha aceptado realizar un análisis de integridad electoral que comprenda entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, las conclusiones del mismo han de ser de carácter vinculante para las partes actuantes en el proceso.

Por último, instamos a que se concluya con celeridad el cómputo definitivo.

 

 

 

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